Rúbrica
#LeyCensura: el zarpazo final
Por Aurelio Contreras Moreno
Desde que asumió el poder el morenato obradorista hace poco más de seis años,
uno de sus principales objetivos fue limitar la libertad de expresión en redes
sociales y medios de comunicación.
Ello fue patente y explícito desde el mismo comienzo del régimen. La estrategia de
denostar sistemáticamente a todos los críticos desde el “púlpito” presidencial
mañanero, la toma por asalto de los medios públicos para convertirlos en
vergonzosos difusores de propaganda del más ínfimo nivel y la promoción –con
recursos públicos- de aduladores, textoservidores, youtubers, bots y troles
replicadores de las versiones oficiales –por inverosímiles e idiotas que fuesen-,
contaminó hasta grados irreversibles el intercambio público, con el objetivo de
apoderarse de la narrativa e imponer la visión gubernamental.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se horadó la estabilidad de
medios y periodistas críticos, a quienes les aplicaron la máxima lopezportillista del
“no pago para que me peguen”, como si el presupuesto de comunicación social
fuera para pagar paleros en lugar de para rendir cuentas e informar sobre las
acciones del gobierno, además de que se les expuso al escarnio y el linchamiento
público desde las conferencias presidenciales matutinas, que también se
financian, hasta la fecha, con recursos públicos.
López Obrador selló su legado autoritario ordenando, luego de la elección de
Estado de junio de 2024, la desaparición de todos los organismos que limitaban
–con sobrada razón- el poder descontrolado del gobierno central y lo obligaban a
rendir cuentas, especialmente el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el
Instituto Nacional de Telecomunicaciones, lo que ha implicado un retroceso de
proporciones históricas, que nos deja a los ciudadanos en una condición de
indefensión que no se conocía desde principios de la década de los 90. Aunque
hay quien la ubica en la circunstancia del México de los años 50.
Precisamente, tras la desaparición del Instituto Nacional de Telecomunicaciones,
que regulaba a los medios electrónicos y al espectro radioeléctrico, el régimen se
vio obligado a encontrarle un sustituto rápidamente. Pero no uno que gozara de
autonomía como el “difunto” IFT, sino uno que estuviese totalmente controlado por
el gobierno.
Eso mismo es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
(ATDT), el organismo contemplado en la iniciativa de nueva Ley en Materia de
Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada al Congreso de la Unión por Claudia
Sheinbaum, que este jueves fue aprobada en comisiones del Senado sin moverle
una coma, y que pretenden sacar sin mayor discusión a principios de la semana
entrante.
Una de las funciones que se le confieren a la Agencia es la de “bajar el switch” a
las concesiones de radio y televisión comercial, para lo cual, les vino “como anillo
al dedo” la extraña y muy “oportuna” difusión de propaganda antiinmigrante del
gobierno de Estados Unidos en Televisa/Nmás y TV Azteca este fin de semana.
Potestad que, valga hacer la precisión, siempre ha tenido el Estado mexicano,
aunque nunca la ha usado contra los principales consorcios de comunicaciones
del país.
Pero el punto central es otro. La iniciativa de marras establece, en su artículo 109,
que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia
para el bloqueo temporal a una plataforma digital, en los casos en que sea
procedente por cumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las
respectivas normativas que le sean aplicables. La agencia emitirá los lineamientos
que regulan el procedimiento de bloqueo a una plataforma digital”.
Esto no significa otra cosa que el gobierno se arroga la facultad de ejercer, de
manera discrecional y hasta arbitraria, la CENSURA contra las “benditas redes
sociales”, cuya narrativa cada vez le resulta más difícil controlar; y contra los
medios informativos digitales. De la misma manera que sucede en países como
Rusia, Corea del Norte, China y Venezuela –aunque se revuelquen por la
comparación-, cuyos gobiernos han aplicado esa medida para acallar críticas y
aplastar las voces de oposición.
Según Claudia Sheinbaum, no hay intención de ejercer censura y que más bien
“hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales, en todo caso
hay que corregir la propia redacción”. Eso lo dijo por la mañana de este jueves.
Pero el dictamen de la iniciativa se votó y aprobó por la tarde, sin modificarle
absolutamente nada. Lo que buscan es muy claro.
El periodista Daniel Moreno Chávez lo sintetizó muy claramente en su cuenta de
X: “Por años presumieron que eran todos unos demócratas. Hablaban de libertad
de expresión, defendían el periodismo y las redes sociales, crearon medios,
escribieron hartos textos… El tiempo ha probado que eran solo autoritarios sin
poder”.
La #LeyCensura, como ya se le motejó, se trata, sin exagerar, de la amenaza más
abierta y grave contra la libertad de expresión en México de los últimos 50 años. El
“zarpazo” que le faltaba al régimen para terminar de demoler la frágil y fallida
democracia de este país.
Email: aureliocontreras@gmail.com
